Daniela Alanis Mendez
14 ago 2025
Gobiernos estatales firman convenio que permitirá operativos conjuntos, intercambio de inteligencia y persecución más allá de límites territoriales.
En un esfuerzo por cerrar el paso a la impunidad y reforzar la seguridad en la región Bajío, los gobernadores de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN), y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), firmaron un convenio interestatal de colaboración en materia de seguridad que permitirá coordinar acciones contra criminales que se mueven entre ambos estados para evadir la justicia.
El acuerdo, firmado en el Palacio de Gobierno de Guanajuato, establece la implementación de operativos conjuntos, el intercambio de información de inteligencia, la capacitación mutua de fuerzas de seguridad y la creación de mecanismos jurídicos que autoricen a las corporaciones estatales continuar persecuciones más allá de sus fronteras, siempre dentro del marco legal.
Gallardo Cardona señaló que este convenio es particularmente relevante para municipios como Villa de Reyes (SLP) y San Felipe (Guanajuato), donde en los últimos años se han registrado robos, hallazgos de víctimas de homicidio y vehículos con reporte de robo. “Ahora, no sólo habrá colaboración en la práctica, sino también jurídica, lo que nos permitirá actuar con mayor eficacia”, expresó.
El mandatario recordó que la carretera que conecta ambos municipios ha sido escenario de hechos violentos y que su vigilancia se ve limitada por la lejanía y la extensión de los tramos rurales. Incluso, en septiembre pasado, San Felipe fue noticia nacional tras el asesinato de siete jóvenes en la comunidad de San Bartolo de Berrios, un hecho que conmocionó a la población y llevó al despliegue de fuerzas estatales y federales.
La gobernadora García Muñoz Ledo subrayó que este convenio “es un paso fundamental” para atender la problemática de manera regional. “Las realidades delictivas no conocen de fronteras territoriales. Hoy, debemos sumar un componente adicional: la vinculación interestatal. Estoy segura de que esta alianza abrirá la puerta a nuevos acuerdos para que nuestra región esté más segura y le vaya mejor”, señaló.
El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, precisó que la colaboración no se limitará a la reacción ante delitos, sino que también incluirá acciones preventivas, formación en derechos humanos y proyectos de fortalecimiento institucional.
Uno de los focos principales de esta estrategia será la autopista 57, considerada una de las vialidades más transitadas y estratégicas del país. Por su ubicación, conecta no sólo a Guanajuato y San Luis Potosí, sino también con Querétaro y estados del norte, convirtiéndose en un corredor crítico para el transporte de mercancías y, a la vez, un objetivo frecuente para la delincuencia organizada.
La gobernadora recordó que Guanajuato ya mantiene convenios similares con Jalisco, Michoacán y Querétaro, lo que ha permitido implementar operativos regionales y, en algunos casos, reducir índices delictivos.
El encuentro contó con la participación de funcionarios clave de ambos gobiernos: Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato; Alejandro Sierra Lugo, consejero jurídico; J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de SLP; y Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana potosino, entre otros.
Gallardo destacó que esta alianza no sólo atiende necesidades de seguridad inmediata, sino que “fortalece la relación institucional y brinda herramientas jurídicas para actuar de forma conjunta”.
Por su parte, García Muñoz Ledo reiteró que la seguridad requiere de la participación de los tres niveles de gobierno y que la visión regional es clave para resultados sostenibles. “Tenemos una cercanía geográfica, pero también compartimos valores, somos gente de familia y de trabajo, y eso hoy nos une”, concluyó.
Más allá de un documento firmado, el convenio entre Guanajuato y San Luis Potosí representa un compromiso político y operativo para enfrentar juntos una realidad que no reconoce fronteras. En un contexto donde la delincuencia se desplaza con rapidez y aprovecha vacíos legales, las autoridades buscan adelantarse con acciones coordinadas, inteligencia compartida y una respuesta inmediata. El reto será que este pacto no quede en el papel, sino que se traduzca en patrullas en las calles, vigilancia en carreteras y, sobre todo, en la recuperación de la paz para las familias del Bajío.
