Daniela Alanis Mendez
26 sep 2025
Las madres y padres de los estudiantes reclaman la entrega de información militar y denuncian que el caso se mantiene en la opacidad, pese a tres sexenios de gobiernos.
A once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las familias mantienen firme su demanda: verdad, justicia y presentación con vida.
En la víspera del aniversario, padres, madres y compañeros de los normalistas marcharon en Avenida Juárez hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) subrayó la importancia de mantener viva la memoria de los jóvenes y de sostener la presión social sobre las autoridades para que el caso no quede en el olvido.
Desde 2014, los familiares han dialogado con tres presidentes, tres fiscales especiales y múltiples funcionarios. Pese a ello, aseguran que no existen avances sustanciales. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto recibieron la llamada “verdad histórica”, desmentida posteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Con Andrés Manuel López Obrador surgió la esperanza, pero se frustró ante la negativa del Ejército de entregar 800 folios de inteligencia.
Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, las familias denuncian que persiste la opacidad y que la investigación se ha estancado. “Estamos jugando otra vez al gato y al ratón; llegó el momento de decir ya basta”, expresó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los normalistas desaparecidos.
La principal exigencia actual es la entrega de esos 800 folios en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, considerados clave para esclarecer los hechos. Además, los padres demandan avances en extradiciones pendientes como la de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y en la investigación de autoridades estatales de Guerrero que habrían participado en la desaparición.
María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, señaló que “la negativa del Ejército a entregar información ha trastocado la relación con el gobierno” y advirtió que las recientes actuaciones de la Fiscalía General de la República apuntan a un retroceso, con acusaciones débiles que podrían significar un regreso a la “verdad histórica”.
En los actos conmemorativos, los familiares compartieron mensajes que reflejan la persistencia de su lucha:
•“A 11 años, la exigencia ha sido la misma: conocer el paradero de los estudiantes, saber la verdad —por muy dolorosa que sea— y tener justicia”.
•“A pesar de 11 años de sufrimiento y dolor, no abandonamos esta lucha porque son nuestros hijos”.
•“Sabemos que no somos los únicos que buscan. Hay miles de desaparecidos y por eso pedimos a la sociedad que nos siga acompañando”.
El caso Ayotzinapa se mantiene como un símbolo de resistencia frente a la impunidad y como recordatorio de la crisis de desapariciones que enfrenta el país. En 2014 había poco más de 25 mil personas registradas como desaparecidas; hoy la cifra supera las 130 mil.
“Las familias han sido claras: no darán cheques en blanco al gobierno. Llevan más de una década de lucha y exigen avances concretos”, enfatizó Aguilar Rodríguez.
A once años, la exigencia central no cambia: verdad y justicia para los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. La memoria de los estudiantes sigue siendo un llamado urgente a no repetir la tragedia.
