Daniela Alanis Mendez
23 dic 2025
El médico cirujano fue perseguido y ejecutado a balazos dentro de un negocio de comida en la colonia Ruffo Figueroa; autoridades mantienen un operativo sin detenidos hasta el momento.
La violencia volvió a sacudir a la capital de Guerrero la mañana del lunes, luego de que el médico cirujano Raymundo Cabrera Díaz, de 55 años de edad y coordinador regional del programa IMSS-Bienestar, fuera asesinado a balazos durante un ataque armado registrado en la colonia Ruffo Figueroa, una zona céntrica y de alta actividad comercial de la ciudad.
De acuerdo con reportes preliminares de corporaciones de seguridad, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando Cabrera Díaz era perseguido por sujetos armados, presuntamente a bordo de una motocicleta. En un intento por ponerse a salvo, el funcionario federal ingresó a un establecimiento de comida ubicado sobre la calle Prolongación Abasolo, a escasos metros del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla.
Sin embargo, los agresores lograron alcanzarlo e ingresaron al local, donde abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra. Testigos presenciales señalaron haber escuchado al menos ocho detonaciones, mientras que en el lugar fueron localizados entre 11 casquillos percutidos, presuntamente de un arma calibre .45.
El médico recibió múltiples impactos de bala, varios de ellos en la cabeza, lo que le provocó la muerte de manera casi inmediata, pese a que algunos clientes del lugar solicitaron auxilio a los servicios de emergencia. Paramédicos que acudieron al sitio únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, sin que hasta el momento se reporte la detención de personas relacionadas con el crimen.
Minutos después, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).
La identidad de la víctima fue confirmada por sus propios familiares, quienes acudieron más tarde a reclamar el cuerpo. Cabrera Díaz vestía ropa casual al momento del ataque y portaba una mochila que quedó abandonada en el lugar de los hechos.
Raymundo Cabrera Díaz era médico cirujano de profesión y se desempeñaba como coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en la región Centro del estado, específicamente en Tlacotepec. Anteriormente, también fungió como coordinador estatal del Sistema Nacional de Salud Pública, de acuerdo con informes oficiales de la Secretaría de Seguridad de Guerrero.
Era esposo de la doctora Edith Catalán Torreblanca y era reconocido en el ámbito institucional por su vocación de servicio y cercanía con las comunidades, especialmente en zonas de alta marginación, donde impulsaba programas de atención médica y prevención.
Tras confirmarse el homicidio, el IMSS-Bienestar emitió una esquela oficial, en la que lamentó profundamente el asesinato y expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de trabajo del médico.
“Reconocemos su compromiso, vocación de servicio y entrega en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió. Descanse en paz”, señaló la institución en su mensaje.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen, ni han confirmado si el ataque estuvo relacionado con su labor como funcionario del sector salud. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y mantiene un operativo de búsqueda para dar con los responsables.
El asesinato ocurrió en un contexto de alta tensión en Chilpancingo, en medio de un fuerte despliegue de seguridad por la realización de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, cuya celebración estuvo en duda por presuntas amenazas de grupos criminales.
Este homicidio se suma a una cadena de hechos violentos que continúan afectando a la capital guerrerense y reavivan el debate sobre la seguridad de funcionarios públicos y trabajadores del sector salud, quienes en muchos casos desempeñan sus labores en entornos marcados por la presencia del crimen organizado.
